Resumen: Confirma la sentencia del Juez de Instrucción que condena a cuatro denunciados como autores de un delito de usurpación de inmueble de propiedad ajena. Acusados que acceden, sin violencia o fuerza alguna, y se establecen en el interior de una nave industrial, sin título alguno, manteniéndose como residentes de forma permanente en su interior, incluso después de ser requeridos por la propiedad para que abandonasen la instalación. Usurpación de inmueble. Ocupación con vocación de permanencia que se prolongó durante varios meses. No se acredita una situación de estado de necesidad, al no constar la presencia de un bien jurídico a proteger de entidad tal que entrara en relevante conflicto con la integridad patrimonial que se ha visto menoscabada. Principio de intervención mínima del derecho penal. Al juzgador únicamente le incumbe la comprobación de la presencia de todos los elementos del tipo penal. Elemento intencional del tipo penal de usurpación. El conocimiento de la obligación de abandonar el inmueble ocupado sin título habilitante, se infiere de la permanencia en su interior a pesar de los requerimientos de abandono del mismo.
Resumen: El condenado y el Ministerio Fiscal interponen recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó al acusado por un delito de estafa agravada en concurso de normas con un delito de estafa del artículo 251 del Código Penal. Predeterminación del fallo. La Sala desestima este motivo al considerar que no concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) que tales expresiones sean tan sólo asequibles por regla general para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto al fallo y d) que suprimidos tales conceptos jurídicos, dejen el hecho histórico sin base alguna. Cosa juzgada. Falta de desarrollo argumental de las pretensiones formuladas por el recurrente. Error en la valoración de la prueba documental. Requisitos del error facti del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Individualización de la pena. La Sala estima el recurso de casación del Ministerio Fiscal al considerar que se ha producido un error en la determinación de la pena.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a una acusada como autora responsable de un delito de lesiones con instrumento peligroso, después de absolver a la misma acusada de la acusación de un delito de lesiones con deformidad, disponiendo la sustitución de la pena de prisión por la expulsión de la acusada, una vez cumplidos dos tercios de la prisión impuesta. Acusada que golpea en el rostro a otra con un vaso de vidrio causándole lesiones que dejan en la víctima unas cicatrices visibles en la cara. Delito de lesiones agravadas por el empleo de instrumento peligroso. Reparación del daño después de haber consignado para el pago a la víctima de una décima parte del importe fijado como responsabilidad civil. Atenuante simple y atenuante cualificada. Sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español con prohibición de regreso. Juicio de proporcionalidad de la medida de expulsión. Valoración del arraigo en España de la persona acusada. Naturaleza y gravedad del delito cometido. Injerencia desproporcionada en la vida privada y familiar de la acusada. Se valora un documento que acredita la inscripción de la acusada en el registro de parejas estables de hecho, por lo que se deja sin efecto la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio Español.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de dos delitos de asesinato en grado de tentativa. Acusado que, pertrechado con una navaja, espera la llegada de sus víctimas, a las que ataca sorpresivamente, llegando a clavar la navaja que portaba en varias zonas del cuerpo ocasionándoles heridas punzantes. Delito de asesinato en grado de tentativa. Dolo homicida y juicio de inferencia sobre su presencia en el autor de la agresión. Ataque alevoso. La esencia de la alevosía radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada, por más que pueda ser compatible con intentos defensivos ínsitos en el propio instinto de conservación. Atenuante de reparación del daño. No se reconoce efectos como circunstancia de atenuación a las consignaciones meramente simbólicas, aparentes o de tan escasa cuantía que no representan el menor apoyo o ayuda a las víctimas, o ningún sacrificio económico para el acusado ni supone ninguna ayuda a la víctima.
Resumen: El acusado vulneró la prohibición de acercamiento vigente y acudió a la casa de la persona protegida por la medida, sobre quien cometió tocamientos. Declaración de la víctima: requisitos para su credibilidad. Embriaguez: eximente incompleta.
Resumen: Solicitud de extradición para enjuiciamiento de hechos calificables como un delito de asesinato consumado, dos delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de tenencia ilícita de armas. Los cargos de la querella describen un conjunto de acciones individualizadas que se realizan en un mismo designio criminal que se indica, por lo que la solicitud de extradición cumple los requisitos formales exigidos. Solicitud de diligencias no necesarias para resolver sobre la extradición. No se aprecia riesgo de tratos inhumanos o degradantes, pues el Estado requirente se ha comprometido expresamente a no solicitar la pena de muerte. El órgano judicial español no puede imponer máximos de cumplimiento. Garantías para caso de imposición de pena de cadena perpetua.
Resumen: Para la adopción de una orden de protección es necesaria la concurrencia de dos elementos. Uno de ellos que existan indicios racionales de criminalidad por la comisión de algún delito de los enumerados en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la segunda que exista un riesgo de reiteración, bien por los mismos hechos, bien por otros que afecten a bienes jurídicos protegidos de la víctima. En el presente caso, si bien se estima que concurre el primero de estos requisitos, esto es, la existencia de indicios de que se han venido produciendo durante un determinado espacio temporal insultos y frases despectivas del denunciado frente a la denunciante, no concurre sin embargo el riesgo de reiteración, dado que esos hechos se remontan a una época anterior al momento de interposición de la denuncia, sin que se haya podido constatar que desde la separación estos hechos hayan vuelto a tener lugar.
Resumen: Sentencia dictada por Tribunal del Jurado. Delitos de tenencia ilícita de armas, detención ilegal, lesiones agravadas y asesinato. Los anteriores infracciones se cometen con ocasión de diversos ajustes de cuentas consecuencia de la pérdida de un alijo de drogas. Los recursos se interponen por dos motivos fundamentalmente. Por falta de motivación de la sentencia de apelación y por déficit de motivación del veredicto del jurado. Ambos motivos se desestiman. El primero, porque la Sala no aprecia gravamen. Se recuerda el alcance del deber constitucional de motivación cuando nos encontramos ante una sentencia que resuelve un recurso previo. Señala la Sala que para satisfacer el derecho a la tutela judicial no resulta necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a la pretensión revocatoria. Basta con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. También se denuncia déficit de motivación del veredicto del jurado. En concreto se alega que el veredicto del Jurado sobre la presencia de un pactum scaleris resulte extremadamente parca. La pretensión se desestima. En primer lugar, porque se introduce de forma sorpresiva. En todo caso, porque no se aprecia el déficit denunciado. La Sala concluye que el veredicto, en términos ejemplares, da cumplida cuenta de los fundamentos probatorios de cada una de las proposiciones que se declaran acreditadas.
Resumen: Confirma la condena por delito de ocupación pacífica de inmueble. Se alega por uno de los apelantes que era menor de edad cuando fue identificado y citado al juicio sobre delitos leves y que la competencia, por ello, era de la jurisdicción de menores. Es cierto que en el momento en que se inició la ocupación de la vivienda el recurrente era menor de edad, pero en poco tiempo alcanzó la mayoría de edad, manteniéndose la ocupación una vez alcanzada la misma y, siendo el delito de ocupación un delito de carácter permanente, la jurisdicción competente no es la de menores. El delito de ocupación pacífica de inmueble requiere la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, antes o después de producirse ésta, no precisando requerimiento previo y fehaciente de desalojo y bastando con la interposición de la denuncia. No se aplica la eximente de estado de necesidad alegada por los apelantes en base a una grave enfermedad de uno de los hijos, correspondiendo la carga de la prueba de dicha alegación a la defensa no lográndolo al no acreditar que, previamente a la ocupación de la vivienda, hubieran acudido a otros recursos sociales para solventar su situación. Se impone la cuota diaria de multa en la cantidad de 6,- €., siendo la utilizada habitualmente cuando no aparezca determinada la situación económica del acusado y no se trate de persona indigente o de pobreza manifiesta. No se aplica el principio de mínima intervención del derecho penal.
Resumen: MALTRATO HABITUAL Y AGESIÓN SEXUAL: actitud celosa y agresiva que llegó a la efectiva causación de lesiones a la mujer y que creó una situación de temor continuado y grave que condicionó su libre determinación sexual. PRUEBA: plena validez incriminatoria del testimonio único de cargo cuando concurren las notas de credibilidad, verosimilitud y presencia de elementos externos de confirmación. La versión de descargo es inverosímil y contradictoria. MALTRATO HABITUAL: actos de similar contenido, próximos en el tiempo y unidos por el elemento tendencial de anular a la víctima en unan situación de miedo, violencia y humillación. AGRESIÓN SEXUAL: el clima descrito como marco de desarrollo de la convivencia supone un contexto intimidatoria que excluye el libre consentimiento de la mujer en el ámbito de su sexualidad y permite conferir a este delito la condición de continuado. DILACIONES INDEBIDAS: las diligencias de instrucción no fueron ni numerosas ni complejas, y el tiempo empleado en su práctica y la demora del señalamiento justifica la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.
